Las autoridades colombianas investigan la autoría del ataque terrorista. Más de 60 personas han sufrido heridas de diversa consideración
La violencia volvió a golpear Colombia en el atentado más sangriento desde la firma de la paz con las FARC. La explosión este jueves de un coche bomba en una academia de policía de Bogotá dejó una veintena de muertos y más de 60 heridos. El ataque se produjo en el interior de la escuela de cadetes General Santander, la principal del país, en el sur de la ciudad, después de que un control de seguridad descubriera un vehículo con explosivos que se dio a la fuga y acabó estrellándose contra una de las instalaciones. Las autoridades investigan la autoría de esta acción, que de momento no ha sido reivindicado por ningún grupo armado.

“Este demencial acto terrorista no quedará impune. Los colombianos nunca nos hemos sometido al terrorismo, siempre lo hemos derrotado. Esta no será la excepción. No nos doblegarán”. Con estas palabras condenó el ataque el presidente Iván Duque, que volvió de urgencia del departamento del Chocó, en la costa del Pacífico, donde se encontraba encabezando un consejo de seguridad. Se reunió en la escuela de cadetes con la vicepresidenta, el ministro de Defensa, el procurador y los altos mandos policiales. “Hago un llamado a los colombianos para que nos unamos en contra de los violentos. Ni un paso atrás frente a quienes atacan miserablemente a la sociedad”, exhortó el mandatario, quien aseguró que actuará “con toda la firmeza y con toda la prudencia”.

El mecanismo es un recurso de la Organización de Estados Americanos que se aplica a las naciones en las que se considera se ha producido una ruptura del orden democrático o alguna alteración

Una veintena de organizaciones y partidos políticos opositores a la candidatura del presidente de Bolivia, Evo Morales, acordaron este jueves “pedir y gestionar” la aplicación de la Carta Democrática Interamericana ante la habilitación del mandatario para las primarias previas a las próximas elecciones generales.

El pronunciamiento, que incluye nueve puntos, emergió de un encuentro en la ciudad oriental de Santa Cruz a convocatoria del Comité Nacional de Defensa para la Democracia (Conade) y el Movimiento Cívico Nacional, que agrupa a comités y movimientos ciudadanos.

“Las organizaciones y alianzas políticas presentes se comprometen a pedir y gestionar la aplicación de la Carta Democrática Interamericana ante organismos internacionales y legaciones de países amigos”, reza el cuarto punto del documento.

La medida responde a una necesidad de “restauración de la democracia plena” y “como acción que evite llegar” a situaciones como las que actualmente ocurren en Venezuela y Nicaragua, señala el texto.

La Carta Democrática Interamericana es un recurso de la Organización de Estados Americanos (OEA) que se aplica a los países en los que se considera se ha producido una ruptura del orden democrático o alguna alteración y tiene la intención de preservar la institucionalidad democrática.
El mandatario boliviano Evo Morales y su vicepresidente, Álvaro García Linera
El mandatario boliviano Evo Morales y su vicepresidente, Álvaro García Linera

El pronunciamiento está firmado por los candidatos a la Presidencia Carlos Mesa, Óscar Ortiz, Virgilio Lema y Víctor Hugo Cárdenas, entre otros, y los representantes cívicos de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Pando, Oruro, Potosí, Tarija y El Alto,

También rubrican el documento la presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, Amparo Carvajal, junto a los ex defensores del pueblo Waldo Albarracín y Rolando Villena.

En el documento también se pide el respeto a la Constitución y al referéndum de 2016 que negó la posibilidad de la reelección a Morales, la conformación de un nuevo Tribunal Supremo Electoral y la validación del Padrón Electoral.

Además, solicita que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos “se manifieste con carácter de urgencia” sobre la interpretación que el Tribunal Constitucional de Bolivia hizo de la Convención Americana sobre Derechos Humanos para habilitar la reelección indefinida de Evo Morales.

Ese alto tribunal falló a favor de Morales al considerar que el gobernante tiene el derecho humano de ser elegido y del pueblo a elegirlo, por sobre los artículos de la Constitución boliviana que restringe a dos los mandatos presidenciales continuos.

Esa determinación también se contrapuso a la consulta popular de 2016, cuyo carácter era vinculante y de cumplimiento obligatorio.

El Constitucional ya habilitó a Morales en 2014 para buscar su tercer mandato con el argumento de que el primero, entre 2006 y 2009, no contaba porque el país se refundó como Estado Plurinacional en 2009.

El comunicado opositor ha calificado también a las elecciones primarias, que se celebrarán por primera vez en la historia del país el próximo 27 de enero, como un acontecimiento con un “alto costo, social, político y económico” y estos sectores definieron que se presentarán a las mismas de manera simbólica.

Las primarias han sido criticadas por los opositores al considerarlas un gasto innecesario, ya que cada partido ha presentado solo a un binomio de candidatos a la Presidencia y la Vicepresidencia.

El presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, en el pleno de la Asamblea
En un hecho inaudito en toda la legislatura, porque jamás PP y PSOE en Extremadura se habían puesto de acuerdo (ahora también con el apoyo de Ciudadanos) en propuestas similares durante toda esta legislatura, la Asamblea de Extremadura aprobó este jueves instar a Pedro Sánchez a aplicar con mayor firmeza y en toda su extensión -incluido TV3 o las competencias en Educación- el artículo 155 de la Constitución en Cataluña.

El texto se aprobó a través de una propuesta de impulso presentada por el PP, que no fue modificada durante el trámite parlamentario en ninguno de sus términos por parte del resto de fuerzas políticas. Sólo encontró el rechazo previsible de Podemos, que votó en contra cuando 48 horas antes había dejado pasar con su abstención, por segunda vez consecutiva, los Presupuestos de Guillermo Fernández Vara. Como anécdota, señalar que el diputado no adscrito y militante de Vox -que abandonó el Grupo Parlamentario Popular el verano pasado, Juan Antonio Morales- no estuvo presente en el debate y, por tanto, no votó cuando su partido ejerce la acusación particular el juicio del procés y vertebra una parte de su discurso en contra del independentismo.

La iniciativa de la portavoz popular, Cristina Teniente, traslada al Gobierno de España “el apoyo del pueblo extremeño, a través de sus representantes, a la aplicación del artículo 155 de la Constitución Española de manera firme, con la amplitud y duración que se requiera” con el fin de “frenar el desafío independentista catalán, recuperar la unidad entre los españoles que viven en Cataluña, el respeto a la nación española y la historia que compartimos”.

El texto pide una intervención mucho más amplia que la aplicada por el anterior ejecutivo de Mariano Rajoy, porque apela, incluso, a tomar “el control de la televisión pública catalana” con el objetivo de “garantizar que realmente sea un servicio público neutral y al servicio de todos los catalanes”. De forma paralela, pide al Gobierno que asuma las competencias que sean necesarias, como las de “Educación y Seguridad Pública” para garantizar “un gobierno adecuado que vele por los intereses de todos los ciudadanos de Cataluña, entre los que se encuentran miles de extremeños, sin exclusiones ni sectarismos”.

El texto va mucho más allá y establece una crítica en toda regla a las políticas de Pedro Sánchez, al que exige “el abandono de la bilateralidad con Cataluña” porque con esta postura “sitúa al resto de regiones en una posición de subordinación en asuntos que deben ser abordados de forma común, poniendo en riesgo el principio de solidaridad y de cohesión territorial que consagra nuestra Constitución, especialmente en lo que a financiación autonómica se refiere”.

La iniciativa es toda una radiografía sobre la situación política actual en España, en la que incluye también el apoyo expreso a la Monarquía, a la lengua común española, que reivindica la Transición y que hasta rechaza “cualquier tipo de revisionismo” de esta época “decisiva de la historia común” de nuestro país. Incluso, pide al Gobierno “la defensa incondicional de los símbolos que nos representan como nación y como españoles”, valores firmes que se sujetan en la Monarquía Parlamentaria, referente “de la unidad y permanencia de una nación milenaria como España, por la inestimable y extraordinaria contribución de la Corona al proceso de Transición española y por su ejemplar defensa de los derechos de los españoles y de la unidad de España”.

Además, se defiende “la inestimable y extraordinaria contribución de la Corona al proceso de Transición española”, así como “su ejemplar defensa de los derechos de los españoles y de la unidad de España” y reclama la “defensa” del español como lengua “vehicular y común” de la enseñanza en “todas” las comunidades autónomas, “respetando siempre la existencia de las lenguas cooficiales reconocidas en los diferentes Estatutos de Autonomía, pero sin que dichas lenguas sean impuestas y dejen sin efecto el derecho de todos los españoles a usar la lengua común, el español”.
La postura del PSOE

Fuentes del PP consideran que el Grupo Parlamentario del PSOE ha apoyado dicha iniciativa debido a la proximidad de las elecciones de mayo y ante la preocupación existente de que a Guillermo Fernández Vara -de los pocos barones que aún no se ha desmarcado de las políticas de Pedro Sánchez- le termine ocurriendo igual que a Susana Díaz en Andalucía. “Esperábamos un movimiento en este sentido de un día para otro, y parece ser que ya ha llegado”, declaran esas mismas fuentes, que achacan el apoyo al texto de los socialistas al puro “cálculo electoral”.

Sin embargo, el portavoz del PSOE en la Asamblea, Valentín García, señaló que tanto la Constitución como los símbolos nacionales “son de los españoles” y “no” del PP, que “son unos patriotas y unos constitucionalistas de pacotilla”.

Asimismo, tras afirmar que “hablar de Transición en España es hablar de los partidos que en aquella ocasión hicieron lo posible por los acuerdos”, y advirtió que el PP, luego, “tuvo que cambiar sus siglas” y luego matizó el apoyo aprobado a la intervención en Cataluña al señalar que “aplicaremos el 155 cuando haya motivos para aplicarlo”.

Por su parte, el portavoz parlamentario de Podemos, Álvaro Jaén, consideró las “derechas” buscan “calentar los ánimos del país” con una “cuestión territorial catalana” que actualmente ha llegado a un “clima insoportable”.

A su vez, la portavoz de Ciudadanos en la Asamblea, María Victoria Domínguez, ha considerado “necesario” la “defensa de España” porque “los socialistas van a ser los culpables de haber negociado los presupuestos más vergonzosos de la democracia con gente que está a la cárcel”.