La Policía Nacional de Honduras conmemora su 137 aniversario de servicio a la patria; con honores 93 oficiales de policías ascendieron a su grado inmediato superior, asimismo se realizaron importantes condecoraciones y reconocimiento a dos oficiales que pasaran a la honrosa condición de retiro.

El solemne acto fue presidido por el Señor Presidente de la República Abogado Juan Orlando Hernández, donde felicito a los oficiales que han ascendido a las diferentes escalas superiores, reconociendo el sacrificio que hacen a diario en el desempeño de sus funciones de brindar seguridad a la población hondureña.

El primer mandatario enfatizo que “hay que aprender de la historia para no volver a pasar lo que hemos pasado ya que, a través de las nuevas reformas policiales la policía nacional ha obtenido una nueva cara resultando ser parte del éxito en el país”

Por otro lado, expresó “que la institución policial; ha sufrido un proceso de construcción, como la creación de leyes para el combate contra grupos criminales, obteniendo resultados por la entrega de cabecillas de estas estructuras delincuenciales, cabe mencionar que la creación de la fuerza elite “TIGRES” es una de las piezas fundamentales en el país” según el primer mandatario de la república.

De igual manera el Secretario de Seguridad en la honrosa condición de retiro Julián Pacheco Tinoco aseguro “qué la reforma policial, a cumplido con los propósitos establecidos, de recuperar la confianza de la ciudadanía, el modelo de la policía es una filosofía de trabajo que conlleva vincularla con la población, ya que lo más importante es haber gestado esta policía”

Además, recalcó que estas estrategias, han dado como resultado que en 42 municipios no se reportaron homicidios durante el año 2018.

También agregó que 2,518 nuevos funcionarios policías forman parte de la institución obteniendo como resultado hasta la fecha 17, efectivos policiales pese a que 5,000 policías han dejado de formar parte de la entidad policial, pero de igual manera para este año 2019 se esperan 19,000 miembros.

“la misión de la Policía Nacional es velar por el orden, el combate y la seguridad de la población, haciendo mención que en 42 municipios no se reportó ninguna incidencia violenta que lamentar dentro de estas situaciones se logró que de 24 casos de secuestro el 90% de estos fueron rescatados dándole captura a los hechores” concluyó.

La celebración dio inicio con la ceremonia de ascenso de 93 funcionarios policiales dentro de ellos ascenderán 11 Sub Comisionados de policía a Comisionado de Policía, 10 Comisario de Policía a Sub Comisionado; 10 Sub Comisario de Policía a Comisarios, 28 Inspectores de Policía a Sub Comisarios de Policía y 34 Sub Inspectores a Inspector de Policía.

Asimismo, se llevó a cabo los reconocimientos por el respaldo y apoyo brindado al promover e impulsar el Proceso de Reforma, Transformación y Fortalecimiento de la Policía Nacional de Honduras.

También por el invaluable aporte de servicio a la patria se brindó condecoración “Valor Policial Cacique Lempira” a miembros de la institución policial que, por actos de valor con riesgo evidente de llegar a cegar su vida, en el cumplimiento del deber.

Destacando al recién ascendido Sub Comisionado de policía Alfredo Walter Godoy Flores, que en el cumplimento del deber tuvo un enfrentamiento con delincuentes presentando una herida con arma de fuego en la médula espinal y quedando parapléjico.

Además, la condecoración que reconocen la noble misión que cumple cada funcionario policial como Condecoración “José Trinidad Cabañas”, “Merito al policía”, “Cruz de los servicios distinguidos”, y a los miembros fuera de la institución policial que brindan invaluables aportes la “Medalla Prócer Dionisio de Herrera”

Por otro lado, la institución policial seguirá celebrando su aniversario el domingo 13 de enero con la XXIV Carrera policial de 10 Y 5 kilómetros, entre otras actividades para celebrar este 15 de enero los 137 años de servicio a la ciudadanía hondureña.

“Que EE.UU. le imponga un absoluto bloqueo petrolero a Venezuela, como el aplicado a Irán, y congele sus seis mil grifos y tres refinerías (CITGO) en los Estados Unidos, además del cierre del espacio aéreo y naval”.

Si bien es positivo que por fin Latinoamérica –salvo por la defección del amo (Cuba), de sus lacayos (Nicaragua y Bolivia) y del México rojimiete de AMLO– haya decidido aislar definitivamente a la autocrática cleptocracia hambreadora de Venezuela, mucho me temo que esa medida será absolutamente insuficiente, pues la primitiva banda delincuencial de Maduro y Diosdado Cabello no va a soltar el poder así nomás. Además, la propia Unión Europea duda, pues los gobiernos rojimios de Grecia y Portugal, junto con una socialista España vacilante (el ingenuo canciller Borrell aún apuesta por el “diálogo” y el premier Sánchez vive atemorizado de molestar a Podemos, sus informales aliados chavistas locales), impiden la implantación de medidas mucho más duras desde el Viejo Continente. Por eso, quien tiene solo en sus manos la caída de este régimen es EE.UU. La vía más extrema a recurrir sería una invasión yanqui en Venezuela, tal como Bush I hizo con Panamá. Eso destruiría totalmente no solo al régimen, sino permitiría, tal como sucedió con las FF.AA. panameñas, la disolución del podrido Ejército venezolano, que se ha convertido en una guardia pretoriana de Maduro, tal como ocurrió con Noriega y los militares panameños. ¡Sería delicioso ver a Maduro, Cabello y otros encarcelados en EE.UU., con sus uniformes naranjas! El propio secretario de la OEA no ha descartado esa opción.

Pero existe otra alternativa a este derramamiento de sangre, que tomaría más tiempo que en el pequeño Panamá y que le daría armas a la demagogia izquierdista mundial. Eso sería que EE.UU. le imponga un absoluto bloqueo petrolero a Venezuela, como el aplicado a Irán, y congele sus seis mil grifos y tres refinerías (CITGO) en los Estados Unidos, además del cierre del espacio aéreo y naval. No creo que Maduro duraría un mes así.

El presidente guatemalteco Jimmy Morales conversa con la embajadora de Canadá, Rita Marija Rudaitis-Renaud, durante una ceremonia de bienvenida para los embajadores en la ciudad de Guatemala, el jueves 10 de enero de 2019. La Corte Constitucional de Guatemala anuló la decisión de Morales luego de deliberaciones durante toda la noche sobre cinco apelaciones, bloqueando a Morales Decisión de acabar unilateralmente con una comisión anticorrupción de la ONU.

Miles de manifestantes salieron a la calle hoy a defender el acuerdo del Gobierno y la ONU sobre la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) previo a que el presidente Jimmy Morales ofrezca su tercer informe de labores el próximo lunes.

Tras una caminata de casi 6 kilómetros, que comenzó en el Obelisco (al sur de la ciudad), los artistas, activistas, estudiantes y religiosos que convocaron la protesta contra el Ejecutivo arribaron a la Corte de Constitucionalidad, el máximo tribunal del país, donde expresaron su solidaridad con sus resoluciones, las cuales han favorecido la estancia de la Cicig.

Mientras los manifestantes que mostraban su rechazo al presidente se reunían en el Obelisco, una columna de vendedores de verdura, frutas y otros productos se aglutinó en el mercado La Terminal (central de abasto), para expresar su apoyo al mandatario.

Caminaron desde La Terminal a la Plaza de la Constitución, en el centro de la capital, durante 3 kilómetros, lanzaron consignas en contra de la “intervención extranjera” y a favor de la “soberanía” del país y por el “respeto” a las decisiones de Morales.

Alrededor de una hora más tarde los vendedores volvieron a sus labores, mientras los manifestantes que rechazaban la salida anticipada de la Cicig avanzaban sobre la Avenida Reforma, una de las principales del país.

Ahí, en esa transitada vía donde se ubican oficinas de Gobierno, el Ejército y del sector empresarial, lanzaron consignas en contra de lo que han denominado “el pacto de corruptos”: el sector alrededor de Morales que busca sacar a la Cicig del país y, supuestamente, frenar la lucha anticorrupción.

Frente al Ministerio de la Defensa Nacional, la activista Lucía Ixchíu, subida al vehículo que sirvió de tarima a un grupo de rock, recomendó a los soldados “desobedecer órdenes ilegales del presidente” y “respetar la Constitución”.

Además, detuvieron su ruta en el edificio del sector empresarial organizado, al que recriminaron “destruir al país”, en connivencia con el Ejército.

Una de las mantas que llevaban unos manifestantes fue colocada en la entrada de la sede del sector privado organizado, el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif).

“Ejército y CACIF siguen destruyendo al país”, decía el mensaje colocado unos minutos frente al edificio del empresariado, mientras una mujer, disfrazada de justicia con los ojos vendados, sostenía en la mano una Constitución Política.

Otro de los activistas, el presidente del movimiento Visibles que vela por los derechos de la comunidad LGBTIQ, Luis Barrueto, celebró que “la gente está asignando responsabilidad al desastre de sector privado que tenemos”.

Por su parte, Álvaro Montenegro, uno de los líderes de la agrupación virtual Justicia Ya -surgida de las manifestaciones de 2015- dijo que la protesta se había convocado para rechazar las medidas “espurias” tanto de la Corte Suprema de Justicia como del presidente Morales, quien “intenta una y otra vez detener la lucha anticorrupción”.

La protesta, nutrida por artistas disfrazados de palomas blancas de la paz o de representaciones de justicia, siguió su ruta hacia el Constitucional y, finalmente el parque central.

Mientras la manifestación avanzaba, el Partido Unionista culminaba con la asamblea de sus afiliados en la que proclamaron al dúo que contenderá por la Presidencia en las elecciones de junio próximo: el exdiputado Pablo Duarte como candidato a dirigir el Ejecutivo y el abogado Roberto Villeda, para la vicepresidencia.

El Unionista, fundado por el expresidente fallecido Álvaro Arzú Escobar, también postuló al actual alcalde Ricardo Quiñónez para retener la ciudad de Guatemala y al hijo del exmandatario, el actual presidente del Legislativo, Álvaro Arzú Escobar, para reelegirse en el Congreso.

Los asistentes a la asamblea escucharon y celebraron los discursos de sus candidatos, quienes expresaron su rechazo claro a la Cicig y hablaron de soberanía, defensa de las instituciones o el legado del líder político fallecido en abril pasado.

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En una declaración escrita publicada por el organismo de Seguridad Nacional de EEUU se afirma que el gobierno de Trump desconoce “el ilegítimo reclamo de poder del dictador venezolano Nicolás Maduro”

El consejero de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Bolton, aseguró este sábado que la administración del presidente Donald Trump “apoya resueltamente a la Asamblea Nacional” en su intento por restablecer el hilo constitucional en el país, el cual el gobierno norteamericano considera roto con la asunción de Maduro para un segundo periodo presidencial.

“El pueblo de Venezuela, a través de su Asamblea Nacional, le ha dado al régimen ilegítimo de Maduro la oportunidad de hacerse a un lado. Es hora de que él preste atención a su llamado a elecciones libres, justas y creíbles de acuerdo con los principios democráticos y constitucionales”, escribió Bolton en su cuenta de Twitter donde agregó un enlace directo hacia un comunicado de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA, por sus siglas en inglés).

En la declaración escrita publicada por el organismo de seguridad norteamericano, se afirma que el gobierno de Trump “no reconoce el ilegítimo reclamo de poder del dictador venezolano Nicolás Maduro”, quien se juramentó ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en vez de hacerlo frente al poder Legislativo, declarado en desacato por el máximo tribunal venezolano, tal cual lo establece la Constitución.

El comunicado establece que los comicios presidenciales del pasado 20 de mayo carecen de legitimidad al ser consideradas como una elección que “no fue libre, justa o creíble”, donde el grueso de la oposición venezolana se negó a participar porque, a su juicio, el resto de los poderes públicos (Electoral, Judicial y Ciudadano) están parcializados con el Ejecutivo.

“La administración Trump apoya resueltamente a la Asamblea Nacional de Venezuela, la única rama legítima del gobierno debidamente elegida por el pueblo venezolano”, destaca el documento antes de manifestar su apoyo a la decisión del Legislativo, encabezado por su presidente Juan Guaidó, “de invocar protecciones en virtud de la Constitución de Venezuela y declarar que Maduro no ejerce legítimamente la presidencia del país”.

Por último, el escrito responsabiliza directamente a Maduro “de la seguridad de todos los venezolanos que claman y exigen elegir libremente a sus líderes”, por lo que afirmó que su gobierno seguirá “usando todo el peso del poder económico y diplomático de los Estados Unidos para presionar por el restablecimiento de una democracia venezolana que revierta la actual crisis constitucional”.

Exoperador de Ortega en la CSJ habla con Nytimes y explica su renuncia al régimen

El exmagistrado del poder judicial de Nicaragua, Rafael Solís Cerda, declaró que fue un error permitir la reelección presidencial de Daniel Ortega en 2011. Así lo dijo en una entrevista con el diario estadounidense The New York Times, dos días después que se conoció su renuncia ante la Corte Suprema y el FSLN.

Solís, quien fue uno de los arquitectos legales de la continuidad en el poder de Ortega, ahora considera que no se debe permitir ninguna forma de reelección presidencial, luego de ver el nefasto resultado que provocó la permanencia en el poder de Ortega durante los últimos 12 años.

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“No pensé que eso llevaría a la nación a esto. Nunca lo imaginé”, manifestó Solís en la entrevista en alusión a los más de 325 muertos causados por la represión policial y paramilitar contra las protestas civiles que desafiaron a Ortega desde abril de 2018.

Solís fue uno de los magistrados sandinistas integrantes de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que garantizó en 2010 la sentencia judicial que le permitió a Ortega participar como candidato presidencial a la reelección en los comicios de 2011, aunque la Carta Magna lo prohibía en el artículo 147.

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Los magistrados sandinistas, en ausencia de los liberales, fallaron a favor de un Recurso de Amparo introducido por Ortega, que alegaba que la prohibición de la reelección presidencial era una violación a sus derechos humanos.

El abogado y experto en temas constitucionales, Gabriel Álvarez, siempre señaló que esa sentencia fue una manipulación política para darle una “formalidad jurídica” a la ambición de reelegirse de Ortega.

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“Ellos (los magistrados) sabían y saben muy bien que en la historia de Nicaragua la reelección presidencial ha sido precisamente el motivo de muchas situaciones dramáticamente dolorosas, guerras, causa de atrasos, conflictos, etcétera”, recordó Álvarez.
Estudios sobre reelección

En abril de 2018, días antes del comienzo de las protestas contra Ortega en Nicaragua, el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, dio a conocer los resultados de un estudio sobre las reelecciones, realizado por la Comisión Europea para la Democracia o Comisión de Venecia, que determinó que la reelección presidencial no es un derecho humano.

Aún así, Álvarez aplaude que ahora el exmagistrado reconozca el error que cometió.

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“Así como él contribuyó a crear un sistema dictatorial y a corromper el poder judicial, así con sus declaraciones igual está contribuyendo a hacer una transición a la democracia y hay que tomar en cuenta sus reflexiones y sus argumentos, porque él estaba muy dentro del círculo decisorio (de poder)”, dijo Álvarez.
Efecto de las sanciones

El politólogo José Antonio Peraza cree que este cambio de Solís es producto del efecto disuasivo de las sanciones estadounidenses y no de un arrebato de conciencia de parte del funcionario.

El politólogo recordó que los efectos catastróficos de las reelecciones presidenciales en América Latina habían sido ampliamente advertidos por organizaciones y actores de la sociedad civil.

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Particularmente Peraza documentó desde 2008 la fractura del sistema democrático, los fraudes electorales, las violaciones a la Constitución Política, el quebrantamiento de las instituciones del Estado, la concentración de poder en el Ejecutivo, como advertencia de que se estaba consolidando una dictadura.

“Rafael Solís sabía lo que se estaba haciendo desde hace mucho tiempo. No es que de hoy a mañana se dio cuenta que aquí se estaba instalando una dictadura. La diferencia es que ahora hay sanciones elaboradas a través de la Nica Act, donde se pretende poner a pensar a los funcionarios y por eso es que da un plazo de 180 días para que estos funcionarios reflexionen”, dijo el politólogo.

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Peraza se refirió al plazo que da el poder legislativo al Departamento de Estado para presentar un informe sobre la participación de funcionarios nicaragüenses en actos de corrupción y violaciones a derechos humanos.

A eso hay que sumarle los efectos de la aplicación de la Carta Democrática Interamericana, que inició el viernes en el Consejo Permanente de la OEA, y que también puede ser otro de los motivos que empuje a funcionarios orteguistas a renunciar a sus cargos y salir del país. En todo esto, de sanción internacional a lo que ocurre en Nicaragua, son importantes los contundentes informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en los cuales se documentó la represión del Estado contra los manifestantes.
Renuncia y denuncia

Rafael Solís renunció a su cargo de magistrado del poder judicial el pasado 8 de enero, a través de una carta en la que también denunció la consolidación de una “dictadura con caracteres de monarquía absoluta”; desmintió el argumento de un golpe de Estado contra el gobierno de Daniel Ortega y advirtió la posibilidad de una guerra civil por la falta de voluntad de dialogar del régimen.