El secretario General de la OEA, Luis Almagro, habló del artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana y la crisis en Nicaragua, este viernes 11 de enero del 2019.

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La Organización de Estados Americanos (OEA) emprendió este viernes 11 de enero del 2019 la aplicación de la Carta Democrática a Nicaragua, en medio de la condena al Gobierno de Daniel Ortega que considera “ilegal” e “improcedente” el uso de ese instrumento que puede desembocar en la suspensión del país de este organismo. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, encabezó la sesión extraordinaria del Consejo Permanente, prevista en el artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana, y en la que se realizó una “apreciación colectiva” de la situación en la nación centroamericana, sumida desde abril pasado en una crisis a raíz de las protestas en contra del Gobierno de Ortega. Almagro defendió su decisión durante una extensa intervención, e indicó que “la crisis en Nicaragua justifica plenamente la invocación del artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana”. Según el Secretario general, “en la democracia no puede existir represión, ni violación de derechos humanos a opositores, estudiantes, políticos, campesinos, civiles y menores de edad”, y destacó el interés de la OEA en actuar con “criterios constructivos” y “procurando alcanzar acuerdos”. “Cuando solicitamos la aplicación del artículo 20 es porque queremos que Nicaragua y todos quienes estamos aquí tomemos esta aplicación del artículo 20 como una oportunidad para resolver esta grave crisis política y esta alteración del orden constitucional”, añadió. El canciller de Nicaragua, Denis Moncada, puntualizó desde el inicio de las deliberaciones que su país “rechaza y condena la convocatoria de esta sesión”, que se prolongó varias horas y tuvo lugar un día después de que la OEA no reconociera el segundo mandato del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Moncada acusó a Almagro de actuar y continuar actuando “como caja de resonancia de los grupos pro golpe de Estado en contra del Gobierno constitucional y legítimo” de Nicaragua y de ser su “agente político”, y dijo que no estaba facultado para convocar a una reunión extraordinaria sobre la situación en su país. Renuncia magistrado del Supremo de Nicaragua y carga contra Ortega y Murillo Ecuador reitera su condena a violaciones de DD.HH. en Nicaragua Ocho opositores nicaragüenses condenados a prisión por protestas contra gobierno Exguerrillera sandinista denuncia allanamiento de su domicilio en Nicaragua “Se están inmiscuyendo en los asuntos internos de Nicaragua, se está violentando la Carta de la OEA, la Carta de las Naciones Unidas, se violenta el Derecho Internacional, no tiene realmente asidero ni legal ni en el marco de las cartas correspondientes las reuniones que está convocado el Consejo Permanente para tratar el asunto interno de Nicaragua”, declaró Moncada a Efe. La representante de Venezuela, Asbina Marín, defendió la postura nicaragüense, al sentenciar que “no existe ruptura o alteración del orden constitucional” y al acusar a Almagro de ser una “pieza” de EE.UU. La embajadora de Canadá, Jennifer Loten, respaldó la convocatoria de Almagro y, a nombre del grupo de trabajo sobre Nicaragua, advirtió que la situación de derechos humanos en ese país “sigue deteriorándose”. Para la representante de Argentina, Paula María Bertol, el proceso de aplicación de la Carta Democrática Interamericana “queda iniciado”. La diplomática detalló que seguirá “adelante con el segundo párrafo” del artículo 20, según el cual el Consejo Permanente puede disponer “la realización de las gestiones diplomáticas necesarias, incluidos los buenos oficios, para promover la normalización de la institucionalidad democrática”. De fracasar esas gestiones, el Consejo Permanente deberá convocar un período extraordinario de sesiones de la Asamblea General en el que se determine si se ha producido la ruptura del orden democrático de un Estado y se defina su posible suspensión. Para aprobar la suspensión, son necesarios 24 votos, es decir, dos tercios de los 34 miembros activos del organismo. La embajadora de Costa Rica, Montserrat Solano, dijo a Efe que con este encuentro se inició “la apreciación colectiva”, pero que, en la práctica, ya están en la “aplicación de la Carta”. El secretario ejecutivo de la CIDH, Paulo Abro, consideró “un paso adelante” esta sesión, ya que constituye uno de los peldaños en la aplicación de la Carta Democrática. Para el director de Human Rights Watch (HRW) para América Latina, José Miguel Vivanco, “el principal logro de esta sesión es que arranca la aplicación de la Carta Democrática para Nicaragua”. “Es obviamente una muy mala noticia para la dictadura de Ortega y (Rosario) Murillo (la vicepresidenta y esposa del presiente), pero obviamente que es una gran noticia para los nicaragüenses”, sostuvo.

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El magistrado Rafael Solís, ideólogo de las reformas constitucionales que permitieron al presidente atrincherarse en el poder, acusa al mandatario de imponer un “estado de terror” en el país centroamericano

Renuncia “inmediata e irrevocable”. Con esas palabras el magistrado de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Nicaragua, Rafael Solís, anunció que dejaba su cargo, a través de una carta enviada al presidente Daniel Ortega, en lo que se traduce como un duro golpe contra el régimen, al perder a su principal operador político en el sistema judicial: nada menos que el hombre que acomodó la Constitución para que el mandatario pudiera atrincherarse en el poder. Solís también anunció al caudillo nicaragüense que renunciaba a su afiliación al Frente Sandinista y acusó a Ortega de desatar un “estado de terror” e imponer una “dictadura monárquica” en este país que cumplirá nueve meses de una profunda crisis política que ha dejado 325 muertos y ha hundido su economía.
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“Siempre creí que la sensatez y la cordura se podía imponer en ustedes”, espeta Solís a Ortega y su esposa, la también vicepresidenta Rosario Murillo. El jurista y hasta ahora miembro del Frente Sandinista les echa en cara el hecho de no haber cedido a una negociación política que permitiera adelantar las elecciones y pactar una salida pacífica a la crisis. “La realidad ha demostrado todo lo contrario y verdaderamente [hay] un Estado de Terror con el uso excesivo de fuerzas parapoliciales o aun de la Policía misma con armas de guerra; han sembrado el miedo en nuestro país y ya no existe derecho alguno que se respete, con las consecuencias inevitables de la instalación y la consolidación al menos de una dictadura con caracteres de monarquía absoluta de dos reyes que ha hecho desaparecer todos los poderes del Estado, dejando al mismo Poder Judicial al que yo pertenezco reducido a su más mínima expresión”, afirma el ahora exmagistrado.

Solís ratifica en su misiva los abusos de poder y las violaciones a los derechos humanos denunciados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que en diciembre presentó un amplio informe en el que señala que el régimen de Ortega cometió crímenes de lesa humanidad con la brutal represión desatada contra las manifestaciones que desde abril exigen el fin de 12 años de gobierno autoritario.

El político también responsabiliza a Ortega y Murillo del mal manejo de la crisis y de las consecuencias económicas que ha tenido para Nicaragua, con decenas de miles de desempleados por el cierre de empresas y con más de 40.000 nicaragüenses exiliados solo en Costa Rica. “La responsabilidad de estas dos Nicaraguas, la de antes del 18 de abril, que al menos tenía un crecimiento económico muy alto en alianza con el sector privado y en términos generales había un Estado de Derecho y un respeto a la Constitución Política, y la otra Nicaragua posterior al 18 de abril, por decisión de ustedes se acabó con todo esto y produjo también en mi persona, a pesar de mi participación en el FSLN por 43 años, una gran frustración y consideré mi renuncia dentro del país o en el exilio y si no lo hice antes es porque siempre creí que las cosas podrían cambiar y por eso fue que les envié en dos ocasiones diferentes, documentos sobre distintas alternativas para negociar bajo diferentes escenarios esa situación, y nunca fui tomado en cuenta en esas propuestas”, reclama Solís.

El exmagistrado también advierte en su carta del peligro de que en Nicaragua se desate una nueva guerra civil. “Yo no deseo una guerra civil para Nicaragua, pero me queda claro que ustedes van por ese camino y ante un Ejército que por alguna razón no ha desarmado a los grupos armados, también es lógico esperar que los grupos de oposición van a buscar como armarse y el país va a retroceder cuarenta años, y volver, si es que no estamos ya, a esos ciclos de violencia tan característicos a lo largo de nuestra historia”, dijo.

Él fue el principal operador político de Ortega en la Corte Suprema y autor de los enrevesados alegatos legales que permitieron las reformas a la Constitución para garantizar la permanencia del sandinista en el poder. Solís es, además, una de las voces más pragmáticas dentro del círculo cercano a Ortega, quien aconsejaba al mandatario sobre asuntos legales y políticos. Con todo, es también uno de los principales autores del descalabro institucional en Nicaragua, cómplice en los desmanes cometidos desde el poder durante más de una década de Gobierno de Ortega. Su renuncia, sin embargo, genera un cisma dentro del FSLN que deberá tomar fuertes medidas para evitar nuevas deserciones.

“Es un terremoto político”, comenta a EL PAÍS el experto constitucional José Pallais. “La del doctor Solís es una renuncia políticamente motivada, y de mucho peso, porque él era el comisario político del orteguismo en el Poder Judicial, de los principales asesores y consultores, involucrado en todos los golpes a la Constitución. Esto tiene una relevancia muy importante dentro del sandinismo, es un resquebrajamiento con efecto desmoralizador en la estructura partidaria”, explica Pallais.

Para este jurista la renuncia de Solís debilita al régimen de Ortega y asegura que podría generar nuevas deserciones. “Deja clara la descomposición y fragmentación interna. El régimen va a potenciar sus mecanismos de control y de revancha para que la gente lo piense dos veces antes de tomar una decisión similar”.

El ministerio de Exteriores condenó la presunta “ruptura del orden constitucional” en Venezuela. Asimismo, comunicó la prohibición de ingreso al país de integrantes de alto nivel del gobierno bolivariano.
El Gobierno argentino “desconoce la legitimidad del mandato iniciado en el día de la fecha por Nicolás Maduro”, condena “la ruptura del orden constitucional” y ratifica “su pleno reconocimiento de la Asamblea Nacional como único órgano democráticamente electo en dicho país”, informó la Cancillería.

La cancillería argentina comunicó al Gobierno de Venezuela “la suspensión del Acuerdo de Exención de Visas en Pasaportes Diplomáticos y Oficiales (..) prohibiendo el ingreso a la República de integrantes de alto nivel del régimen venezolano”.

Asimismo, señaló que la Unidad de Información Financiera (UIF) emitirá un alerta “al sector financiero y bancario sobre los riesgos de realizar operaciones con empresas públicas venezolanas o controladas por el Estado venezolano”.

Por otro lado, remarcaron que Argentina continuará denunciando las violaciones de derechos humanos y condenando la ruptura del orden democrático en Venezuela, una política de Estado desde la asunción de Mauricio Macri.

En ese sentido, reiteraron la necesidad de aplicar la Carta Democrática en el ámbito de la Organización de los Estados Americanos.

El presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, alentó a un millar de venezolanos a iniciar un gobierno de transición con él a la cabeza. Maduro trató de desestimar el llamamiento a un presidente interino, y lo tildó de un “golpe tuitero orquestado por la derecha”.

El opositor Juan Guaidó pidió el apoyo de los ciudadanos, las Fuerzas Armadas y la comunidad internacional para convocar a elecciones libres

El presidente de la Asamblea Nacional, de mayoría opositora desde 2015, fue el orador principal de “un cabildo abierto” en la sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Caracas. Allí, declaró que la Cámara se apegará a la constitución venezolana y, en este sentido, asumirá “las competencias de la encargaduría de una Presidencia de la República”, no sin advertir que el mero decreto no será suficiente para sacar del poder a Maduro, que juró ayer como jefe de Estado hasta 2025.
Juan Guaidó, en el acto de este viernes 11 de enero en el que se declaró presidente interino de Venezuela
Juan Guaidó, en el acto de este viernes 11 de enero en el que se declaró presidente interino de Venezuela

“Asumimos entonces la convocatoria a las Fuerzas Armadas, a la comunidad internacional al ejercicio de los artículos de nuestra constitución 333, 350 y 233 para ejercer mandato”, agregó el opositor.
Guaidó, el presidente de la Asamblea Nacional , es del partido de Leopoldo Lópes, Voluntad Popular
Guaidó, el presidente de la Asamblea Nacional , es del partido de Leopoldo Lópes, Voluntad Popular

El discurso de Guaidó tuvo reiterados llamamientos a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) para que respalde las acciones de la Cámara, un órgano declarado en desacato por el Supremo en 2016, pocas semanas después de que la oposición ganara la mayoría de los escaños.

“A esa familia militar que quiere cambio, que quiere lo mismo que nosotros, le hacemos un nuevo llamado, aquí está la legítima Asamblea Nacional que claro que asume su responsabilidad y la va a asumir”, dijo a la institución castrense que ayer juró lealtad a Maduro dos horas después de su toma de posesión.

Además, Guaidó convocó “a todo el pueblo a la calle” a participar el 23 de enero -fecha en la que se conmemora la caída de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez- “a una gran movilización en todos los rincones de Venezuela”.

Indicó que esta no será la única protesta callejera pues prevén acompañar las manifestaciones que desde hace varios meses encabezan empleados públicos de casi todos los gremios para denunciar el deterioro de su calidad vida debido a la severa crisis económica por la que culpa al Gobierno chavista.

El parlamentario, reiteró que el Legislativo seguirá trabajando para el “cese la usurpación, un gobierno de transición y elecciones libres”.

Maduro obtuvo la reelección en mayo pasado, en unos comicios que la oposición y numerosos países de América y Europa señalan como fraudulentos, entre otras razones por la imposibilidad de competir que tuvieron los principales líderes del antichavismo.

Después del acto, Voluntad Popular emitió un comunicado explicando la decisión de Guaidó:

Aun así, el canciller Carlos Holmes Trujillo negó algún tipo de apoyo militar en contra del vecino país.

El ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Holmes Trujillo García, anunció que el gobierno del presidente Iván Duque alista las primeras sanciones en contra de los funcionarios de la cúpula de Nicolás Maduro.

Trujillo indicó que una de las medidas que se adoptarán en los próximos días está relacionada con la prohibición del ingreso a Colombia del gabinete de Maduro y personas cercanas al régimen.

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Además, se preparan sanciones económicas con un bloqueo comercial y determinaciones que giran en torno a cerrar la puerta a préstamos financieros.

“Impedir a los altos funcionarios del régimen venezolano la entrada al territorio de los países integrantes del Grupo de Lima (del cual hace parte Colombia), elaborar listas de personas naturales y jurídicas cuyas entidades bancarias deberán prevenir el acceso al sistema financiero”, sostuvo Trujillo.

No obstante, el pasado 4 de enero el Grupo de Lima tomó la decisión de no reconocer a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela. Esta determinación se adopto después de una reunión que se celebró en la capital del Perú en la que participaron la mayoría de los cancilleres de la región.

Fue el ministro de Relaciones Exteriores de Perú, Néstor Popolizio, quien leyó un comunicado en el que se indica que las elecciones en Venezuela celebradas el 20 de mayo de 2018 no contaron con las garantías democráticas y de libre participación ciudadana.

“No contó con la participación de todos los actuales políticos venezolanos ni con la presencia de observadores internacionales independientes ni con las garantías y estándares internacionales necesarios para un proceso libre, justo y trasparente, en consecuencia no reconoce la legitimidad del nuevo periodo presidencial del régimen de Nicolás Maduro”, precisa uno de los apartes del comunicado firmado por los cancilleres.

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Debido a esto exhortan a Maduro a no posesionarse para el nuevo periodo presidencial el próximo 10 de enero, indicando que no debe asumir este cargo.

El Grupo, conformado por 14 países, le piden a Maduro que transfiera el poder a la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela.