El Gobierno de Jair Bolsonaro vuelve a llevar a Brasil a su histórico aislamiento regional, desenganchando de nuevo a este país del resto de Sudamérica y sin más interés que una estrecha relación con Estados Unidos. Sin guiños particulares a su principal vecino, Argentina; alérgico al proceso de integración de Mercosur y sin afinidad ideológica plena con ningún otro gobierno sudamericano, Bolsonaro solo parece interesado en la sintonía con Washington.

Puede argumentarse que a Bolsonaro sí le preocupa Sudamérica cuando promueve el fin de la dictadura en Venezuela, pero al hablar de solución militar no lo hace buscando un consenso regional, sino para propiciar una intervención liderada por Estados Unidos.

El aislamiento en la región ha sido en realidad una constante histórica brasileña (separado por la Amazonía y el idioma, Brasil es un mundo en sí mismo), pero erigirse en socio privilegiado en Sudamérica de la Administración Trump remite directamente a la década de 1960 y 1970, cuando la dictadura militar brasileña quiso actuar como delegada del Washington de Henry Kissinger frente a los enemigos de la Guerra Fría.
Inserción en Sudamérica

En la década de 1990, acabada la dictadura militar en Brasil y en los países vecinos, los gobiernos brasileños buscaron una mayor interacción regional: en 1991 Brasilia y Buenos Aires terminaron sus rencillas nucleares, y ese mismo año entró en vigor Mercado Común del Sur (Mercosur), integrando a Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay.

La presidencia de Luiz Inácio Lula da Silva fue más lejos y buscó el liderazgo regional. La creación de nuevas organizaciones continentales en las que Brasil pasaba a ser el principal país de referencia, como la CELAC (surgida en 2010 como entidad paralela a la OEA, pero sin la presencia de Estados Unidos ni Canadá) y Unasur (nacida en 2011 como foro para las naciones del subcontinente) fueron decisivas plataformas para la diplomacia brasileña.

Esa búsqueda de influencia en el vecindario americano, al tiempo que Brasil también crecía internacionalmente con la etiqueta de los BRICS, se construyó con la aquiescencia de muchos gobiernos latinoamericanos de izquierda, siguiendo los compromisos del llamado Foro de Sao Paulo.

Lula cimentó esa ascendencia sobre la camaradería ideológica con los gobiernos bolivarianos. Con Lula y Dilma Rousseff en Brasil y los Kichner en Argentina, Mercosur dejó de tener propósitos comerciales y de integración, para ser un foro político al que también quisieron sumarse Venezuela y Bolivia.

Esa diplomacia estuvo acompañada de otro tipo de penetración: los contratos millonarios que en muchos países consiguió la compañía de ingeniería y construcción brasileña Odebrecht, a base de sobornos, como luego hemos visto.
Mercosur, el catalizador

Porque la inserción de Brasil en su entorno continental estuvo basada sobre todo en las alianzas ideológicas de Lula-Rousseff, el voto anti-PT (Partido de los Trabajadores) que dio el triunfo electoral a Bolsonaro ha llevado a empujar el péndulo hacia el otro lado. Aunque lógicamente hay espacio para el compromiso y la integración de Brasil en Sudamérica, como demostraron los primeros pasos dados por los gobiernos previos al PT, como el de Fernando Henrique Cardoso, el nacionalismo de Bolsonaro y su proteccionismo económico está propiciando, en cambio, la vuelta a un aislamiento que retrotrae a la era de la dictadura militar.

La manifestación más evidente del cambio que trae Bolsonaro se manifestará en Mercosur. Si con la salida del gobierno del kirchnerismo en Argentina en 2015 y del PT en Brasil en 2016 hubo esperanzas de que finalmente Mercosur dejaría a un lado las prioridades ideológicas y evolucionaría hacia una mayor integración económica e institucional de los cuatro países de la cuenca del Río de la Plata, el ascenso de Bolsonaro –y está por ver qué le ocurre a Macri en las elecciones de octubre de este año– cuestiona la misma existencia del pacto. El nuevo presidente brasileño quiere relajar los nexos que unen ese mercado común (desea poder establecer acuerdos de libre comercio bilaterales al margen de Mercosur), con la amenaza incluso de darse de baja si sus condiciones no se aceptan.

Cuando los más optimistas comenzaban a especular sobre una confluencia de Mercosur y de la Alianza del Pacífico (México, Colombia, Perú y Chile) para dar lugar a una integración latinoamericana, está claro que los próximos meses van a suponer un retroceso de muchas casillas (tampoco el nuevo presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, está realmente por la labor).
Base de Estados Unidos

Así las cosas, el único anclaje claro de Bolsonaro en política exterior es su alineamiento con la Administración Trump, que va aparejado con una defensa de los intereses conservadores judíos, como en el caso del anuncio de traslado de la embajada brasileña de Tel Aviv a Jerusalén.

Bolsonaro ha sugerido la posibilidad de que Estados Unidos pueda tener una base militar en Brasil, aunque ha sido un anuncio muy vago, dejando la cuestión para el futuro. Cabe deducir que se trataría de un acuerdo distinto al que en 2018 y ya también en 2002 (antes y después de las presidencias del PT) ambos países comenzaron a negociar para autorizar el uso estadounidense de la base espacial brasileña de Alcántara, cuya localización permite ahorros en los lanzamientos de cohetes. El Gobierno de Bolsonaro podría retomar estas negociaciones.

En una resolución auspiciada por Argentina y otros países de la región, la Organización de Estados Americanos (OEA) decidió no reconocer la legitimidad del régimen de Nicolás Maduro, quien asumió este jueves su segundo mandato en Venezuela.

Además, la entidad urgió a la realización de nuevas elecciones presidenciales “en un futuro cercano”.
Representantes de los países americanos se reunieron en el edificio de la OEA al mediodía de Washington, poco después de la asunción de Maduro.

La resolución que aprobó el Consejo Permanente fue presentada por la Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, Perú y Paraguay.

Si bien los países patrocinantes buscaban la aprobación de la resolución por consenso, inmediatamente en el recinto surgió la oposición de la misma Venezuela, más Nicaragua y Bolivia: dijeron que la medida era “injerencista” y no contaba con el aval venezolano.

La Fiscal general de Brasil, Raquel Dodge, presentó una denuncia por corrupción y lavado de dinero contra el presidente Michel Temer y otras cinco personas por su supuesta participación en una trama que benefició al sector portuario a cambio de sobornos.

La Fiscalía se apoyó en un informe presentado por la Policía Federal, que halló indicios que apuntan a que Temer sancionó un decreto que alteró la ley de puertos y benefició a algunas empresas de ese rubro. De acuerdo con el Ministerio Público Federal, una de las principales empresas beneficiadas por la firma del decreto fue Rodrimar, que opera en el puerto de Santos (Sao Paulo), un reducto de influencia política de Temer.

Rodrimar ha sido señalada por los investigadores como una de las principales responsables por el pago de coimas a Temer, quien habría recibido unos 32,6 millones de reales (unos 8,3 millones de dólares) de dinero ilícito. Los pagos de sobornos eran realizados a través de empresas de amigos del presidente brasileño.

La investigación del decreto de puertos fue abierta en septiembre de 2017 a partir de revelaciones y pruebas recogidas en acuerdos de colaboración judicial con algunos acusados que apuntaron la participación del jefe de Estado.

La nueva denuncia deberá ser revisada por la Cámara de Diputados que en dos ocasiones anteriores han rechazado despojar al mandatario del fuero, y considerando que su mandato termina a fin de año, lo más seguro es que la denuncia deba pasar a instancias inferiores del Poder Judicial. Lo mismo ocurrirá con las otras investigaciones presentadas en contra de Temer.

Fuente: DW

 

Los profesionales de la salud exiliados en el país sudamericano luchan para quedarse con sus familias y conseguir el permiso para ejercer su profesión

A la doctora cubana Maylobis Torres Ferreira, de 32 años, no le sorprendió la decisión de La Habana de finalizar el acuerdo de asociación médica con el Gobierno brasileño que mantiene en el país a más de 8.000 compañeros suyos en las áreas más remotas. El anuncio la semana pasada del fin del programa Más Médicos fue el último capítulo de las tensiones entre el Gobierno cubano y el presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro, un ultraderechista aferrado al discurso anticomunista y ferviente opositor del programa desde su creación en 2013. “Sabía que el acuerdo no se mantendría en pie con el Gobierno de Jair Bolsonaro, pero aun así es desconcertante”, se lamenta Maylobis.

“Es difícil porque no voy a terminar mi misión de tres años, pero lo bueno es que ahora veré a mi familia”, se consuela la doctora que atiende en el interior del Estado de São Paulo. El Gobierno cubano aún no ha informado a Maylobis sobre su fecha de regreso, pero ya devolvió la vivienda que había alquilado y apura sus últimas horas en el país para vender sus muebles. Mientras espera el billete de avión, que Cuba le enviará por correo, comparte piso con una amiga brasileña. “Brasil me ofreció más comodidades, pero la vida en Cuba es más tranquila. La victoria de Bolsonaro me ha dejado el miedo de que el país se vuelva más violento. No sabemos cómo piensa la gente ni cómo va a reaccionar”, añade.PUBLICIDADinRead invented by Teads

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La profesional hablaba con EL PAÍS mientras unos 400 médicos cubanos, los primeros en dejar Brasil, salieron este jueves en vuelos pagados por Cuba. En La Habana fueron recibidos como héroes en una ceremonia que recordó el simbolismo político del programa. Mientras tanto, en Brasil, Bolsonaro no deja de celebrar el fin del convenio, que proporcionaba unos 300 millones de dólares al régimen de la isla.

El acuerdo entre Brasil y Cuba, firmado en 2013, siempre ha despertado polémica. Los trabajadores cubanos recibían un 30% del sueldo de lo que cobran los demás médicos del programa y una ayuda de unos 2.000 reales (unos 525 dólares) de los ayuntamientos para viviendas y alimentación. También tenían que quedarse en la misma ciudad por tres años. En cambio, no les hacía falta aprobar el examen llamado Reválida, exigido a cualquier médico graduado en el exterior para ejercer la medicina en territorio brasileño.

Hace cuatro años que la médica cubana María Belén, de 31 años, llegó a Brasil ansiosa por conocer al país de las telenovelas, descrito en los medios cubanos como la “Alemania latinoamericana” durante los gobiernos de izquierdas de Lula da Silva y Dilma Rousseff.

Belén había interrumpido su misión profesional en Venezuela para apuntarse a la convocatoria del programa que pretendía garantizar la presencia de estos profesionales en los pueblos más pobres y en las periferias de las grandes ciudades. Sin embargo, los médicos de la isla ya no eran suficientes para atender a la demanda brasileña.

Cuba, entonces, decidió ampliar el acuerdo y trasladar expertos en salud pública que se encontraban en misiones en otros países para completar la cantidad de profesionales que necesitaba Brasil. En 2014, un total de 11.430 cubanos trabajaban en las unidades de salud brasileñas por el programa. Cuando fue aprobada para esta misión, Belén sabía que su sueldo no llegaría a los 3.000 reales (788 dólares), el triple del salario mínimo brasileño, ya que un 70% de los 10.000 reales ( 2.628 dolares) abonados por el gobierno brasileño quedarían en manos del gobierno cubano. No obstante, decidió aceptarla. Tendría más libertad que en Venezuela – donde no tenía permiso del gobierno cubano para salir a la calle a partir de las seis de la tarde – y estaba convencida de que revolucionarían la atención primaria en Brasil, según lo que anunciaban los dos gobiernos. De hecho, al menos 700 ciudades brasileñas tuvieron médicos por primera vez gracias al programa.

“Cuando llegué, me decepcioné. Brasil no era exactamente lo que decían los periódicos de Cuba. Vine a participar de una revolución en salud, pero cuando llegué entendí que el programa Más Médicos era para trabajar donde el médico brasileño no quiere ir porque está lejos o es demasiado pobre”, cuenta. Le sorprendió también la estructura precaria de los puestos de salud, principalmente en las ciudades pequeñas, que, según Belén, son diferentes de las unidades cubanas, que tienen mejor desarrollo por la posibilidad de hacer algunos exámenes de mayor complejidad. A pesar de los problemas, estos médicos formaban parte de una misión humanitaria. “Sabemos que ayudamos el pueblo brasileño. Tengo amigos médicos que trabajaron 15 días en sitios donde solo se iba en barco para atender a una gente que nunca había soñado en tener un médico antes”, recuerda Belén.

Mientras eso sucedía, el presidente electo, el ultraderechista Jair Bolsonaro, insistió durante la campaña en que solo mantendría a los profesionales cubanos si aprobaran en el examen de Revalida. Además, tendrían que ser contratados bajo un régimen individual, sin acuerdos económicos con Habana. Cuba, que tiene a la exportación de médicos como uno de sus principales negocios, no aceptó y adelantó la salida de los 8.331 profesionales que estaban en las ciudades brasilenãs. Ahora, el gobierno brasileño lucha contra reloj para no dejar a 24 millones de brasileños sin asistencia de salud. Mientras tanto, algunos médicos cubanos como Belén buscan soluciones para quedarse en Brasil porque han creado una familia o porque no desean volver a someterse a las restricciones del gobierno cubano.

A Belén, que fue asignada para trabajar en la periferia de São Paulo, le sorprendió la cantidad de gente sin techo y usuarios de drogas en Brasil. La imagen del país ya no era la misma de las novelas. “Es difícil para nosotros asimilar esa realidad. Cuba es un país muy pobre, pero si encontramos a alguien en situación de calle es algún paciente psiquiátrico, y tenemos la seguridad social que funciona muy bien”, compara. Aún así, la libertad que tenía en Brasil merecía la pena. En sus seis primeros meses de misión, tomó clases de portugués y se enamoró de su profesor. Tras contraer matrimonio con él, no esperó el fin de su contrato de tres años para intentar permanecer en el país.

Decidió hacer el examen Revalida en 2016 y fue aprobada. “Con el examen, estaría libre de aquellos 3.000 reales y podría ganar el mismo salario que un médico brasileño, además de trabajar en otras cosas”, explica. Sin embargo, según Belén, el gobierno cubano ha dificultado la validación de su diploma y otros documento. Paralelamente enfrenta una nueva y más dura discriminación. Ha sido considerada desertora y no puede volver a Cuba durante ocho años por no haberse presentado al final de su misión. Ahora, trabaja como cualquier médica extranjera en Brasil, sin vínculos con el gobierno cubano. Fuera del Más Médicos, ya no puede ir a visitar a su familia que continúa en la isla, como sí hizo durante las vacaciones que tuvo mientras trabajaba en el programa. “Ellos todavía no pudieron venir, tengo miedo de que el presidente Bolsonaro retire la embajada de Brasil de La Habana y que Cuba prohíba la venida de cubanos a Brasil, como lo ha hecho en Estados Unidos”, explica.

La salida de los cubanos ha abierto heridas entre los dos países. En respuesta a la decisión de Cuba, Bolsonaro dijo que daría asilo político a los médicos cubanos que quieran quedarse en Brasil. La isla solo permite que se queden los médicos casados que hayan tenido el contrato renovado y, así mismo, no aclara si hay plazos o condiciones para ello. El gobierno brasileño intenta ocupar las plazas hasta ahora ocupadas por los cubanos.

Otros dos médicos cubanos que desean permanecer en Brasil han dicho a El País tener dificultades para que Cuba valide algunos documentos exigidos para poder realizar el próximo examen de Revalida, previsto para finales de 2019.

El Ministerio de Justicia de Brasil no informa cuántos médicos cubanos del programa han solicitado refugio o asilo porque estos casos están bajo secreto judicial, pero explica que los cubanos que desean quedarse en Brasil pueden solicitar refugio si son “víctimas de un fundado temor de persecución por motivos de raza, religión nacionalidad, grupo social o opiniones políticas en su país de nacionalidad” o asilo político (en este caso corresponde al presidente decidir sobre las solicitudes). El gobierno brasileño reconoció este año la condición de refugiados a 42 cubanos, pero no especificó cuántos de ellos son médicos del programa. Actualmente, 102 refugiados cubanos viven en Brasil.

El médico cubano Juan Carlos (nombre ficticio) es uno de los que se preparan para hacer el examen e intenta reubicarse en el mercado de trabajo tras dejar Más Médicos en 2017. En la misión, fue asignado en un municipio del interior de São Paulo, donde conoció a su esposa, que también trabaja en el área de la salud y con quien tuvo dos hijas. “Hoy no trabajo como médico, pero mi decisión de quedarme es firme. Abandonar a mi familia aquí nunca fue una opción. Terminar del contrato, volver para pedir la cancelación de la misión humanitaria y esperar el tiempo que el gobierno cubano estimar conveniente para contestarme siempre fue inaceptable para mí”, detalla este especialista en Ginecologgía y Obstetricia desesperado por intentar solucionar su situación en el país.

 

Sergio Moro, el futuro ministro de Justicia y Seguridad Pública del presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro, anunció este viernes en Río de Janeiro que, a más tardar en febrero próximo, presentará un proyecto de Ley para combatir la corrupción y el crimen organizado.

Según Moro, tanto la corrupción como el crimen organizado son problemas que se han “diseminado” en Brasil y por eso hay que enfrentarlos “con nuevas ideas que esperamos sean apoyadas”.

El futuro ministro, que hizo el anuncio en un simposio sobre el combate a la corrupción, aseguró que con el proyecto de Ley espera fortalecer y agilizar la justicia para poder combatir esos delitos.

“La gran preocupación por la corrupción y por la seguridad pública no es imaginaria“, aseguró Moro durante su intervención, quien agregó que, por eso, es necesario mirar a futuro para combatir esos flagelos.

Jair Bolsonaro y Sergio Moro

Según el futuro ministro, la corrupción está “diseminada y descontrolada” y el crimen organizado “es un problema de seguridad nacional que afecta principalmente a las minorías”.

Moro dijo que ese proyecto de Ley estará compuesto de “ideas y de una serie de medidas ejecutivas”, que apuntan al fortalecimiento de la justicia.

Para ello buscará concentrar esfuerzos y mayores recursos para las unidades de la “fuerza tarea” que combaten el crimen, así como un mayor apoyo de la justicia para trabajar de manera encubierta en operaciones.

Asimismo, con el proyecto intentará modificar algunas de las actuales medidas del sistema carcelario brasileño para retomar el control en las prisiones y evitar la libertad temprana de criminales.

(Reuters)

Sobre su futura gestión, el ex juez, quien ayudó a destapar el mayor escándalo de corrupción en la historia de Brasil, reiteró que no podía “rechazar” la oportunidad de ser ministro para trabajar por la “mejoría del cuadro general de la Justicia y la Seguridad Pública” en el país y para ello señaló que es importante “avanzar” y no quedarse en el pasado.

El futuro ministro aseguró que, para combatir la corrupción y el crimen organizado, “necesitamos mejorar nuestras instituciones y la respuesta de nuestras instituciones a esos problemas” y para ello los órganos de control “tienen que actuar con independencia”.

Moro, quien fue el juez responsable en primera instancia de la Lava Jato, la operación que desenmascaró el mayor escándalo de corrupción de Brasil, se hizo famoso después de que puso tras las rejas al ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Lula fue condenado a 12 años y un mes por corrupción pasiva y lavado de dinero luego de que se diera por probado que recibió un apartamento a manera de soborno a cambio de beneficios para la constructora OAS.